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Al margen de las mentiras y de las manipulaciones de hechos históricos con las cuales el gobierno kirchnerista ha pretendido fundamentar sus denuncias contra los principales accionistas privados de Papel Prensa, resulta particularmente condenable el uso de órganos del Estado y de actos administrativos con el fin de denigrar y dañar económica y moralmente a dos empresas periodísticas, como de crear un escenario favorable a una hipotética estatización de la principal compañía productora de papel para diarios.
Cuando la finalidad que persigue un acto administrativo resulta contraria al interés público, se está en presencia de una “desviación de poder”. Así lo expresa la ley de procedimientos administrativos al sostener que el acto no debe perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto.
En la Argentina de los Kirchner y con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, como uno de sus brazos ejecutores, la doctrina del “desvío de poder” encuentra hoy su más pura aplicación práctica en una serie de actos administrativos que, con apariencia de legalidad, encubren, en rigor, un grosero y burdo plan dirigido a utilizar todos los medios de que dispone el Estado (como la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) para lograr la intervención de los órganos societarios y el posterior control de la empresa Papel Prensa.
El plan de demonizar a Clarín y LA NACION para despojarlos de Papel Prensa fue claramente expuesto por el secretario Moreno en una tristemente recordada reunión de octubre del año pasado con la presencia de miembros del directorio, consejeros y síndicos que representaban al Estado nacional en la compañía. Moreno ordenó a todos los presentes que dejaran constancia en la siguiente reunión de directorio de Papel Prensa de la disconformidad del Estado con la gestión de ese directorio a lo largo de los últimos diez años, durante los cuales, vale aclarar, ninguno de los representantes estatales había formulado objeción alguna.
Moreno agregó que, a partir de ese momento, Beatriz Paglieri, comisaria política y primera ejecutora de los desmanejos que llevaron a desacreditar al Indec, sería “la nueva responsable y la autoridad en Papel Prensa a quien todos deben obedecer”. En ese momento, Paglieri no ostentaba cargo alguno en la empresa.
Clarín y LA NACION promovieron una querellaante la justicia penal federal contra el secretario de Comercio Interior y el ministro de Economía, entre otros funcionarios, en la que denunciaban la existencia de un plan criminal cuya finalidad última sería la intervención de la sociedad.
Pese a ello, desde las altas esferas gubernamentales se continuó buscando perjudicar y desprestigiar a Papel Prensa, utilizando abusivamente para ello órganos de control de que dispone el Estado, tales como la Secretaría de Comercio Interior, la Comisión Nacional de Valores y la Sindicatura General de la Nación, lo que llevó a la remoción y al reemplazo de los anteriores titulares de los dos últimos organismos por negarse ambos a adoptar medidas contra Papel Prensa.
De ello dan cuenta las declaraciones de Eduardo Hecker, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, quien reconoció expresamente que Moreno quería avanzar sobre Papel Prensa sin respetar los procedimientos legalmente establecidos.
La secretaría a cargo de Moreno dictó en enero pasado una resolución echando mano a la cuestionada ley de abastecimiento, con el objeto de manejar discrecionalmente la política de comercialización de papel para diarios.
El titular de la Sindicatura General de la Nación fue removido y designado en su reemplazo Daniel Reposo, quien se constituyó físicamente pretendiendo intervenir la comisión fiscalizadora de la empresa y, tras ser designado síndico de ésta, continuó emulando a Moreno en sus actitudes patoteriles.
Con la creación de una ilegal comisión investigativa en el seno de la sociedad, no sólo se pretendió reemplazar a los jueces en la competencia que les es propia, sino que se procuró investigar transferencias accionarias entre sujetos privados que no tienen relación alguna con el funcionamiento de la empresa, ni con los ámbitos de competencia estatal a que está sometida. Excediendo el marco estrictamente laboral, se avasalló al personal de línea de Papel Prensa exigiendo respuestas a cuestionarios vejatorios más propios de la Gestapo que de un Estado de Derecho.
Finalmente, y con las nuevas autoridades a cargo de la Comisión Nacional de Valores, el desembozado plan gubernamental cobró nuevos bríos a través de resoluciones y sumarios que, atribuyéndose facultades judiciales que no le competen, declaró irregulares e ineficaces algunas decisiones puntuales del directorio de la empresa sobre la base de argumentos formales carentes de sustento.
Con ello se dio pie para que Moreno promoviera ante la justicia comercial un pedido de agravamiento de la intervención de Papel Prensa, sustentado en las supuestas irregularidades en el funcionamiento de su directorio, que fue rechazado.
Este despliegue de todos los medios de que dispone el Gobierno al servicio de una espuria y deleznable estrategia tendiente a provocar el ahogo, el quebranto y la posterior apropiación de una empresa privada encontrará seguramente coto en la Justicia. Así lo ha hecho ya la Sala C de la Cámara Comercial, que por unanimidad declaró la nulidad de varias de las aludidas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores contra Papel Prensa, fundadas en que ese órgano administrativo no podía arrogarse facultades jurisdiccionales que no tenía, por cuanto su actividad se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional.
El caso reseñado constituye un cabal y real ejemplo de una actuación administrativa ilegítima, en la que claramente se conforma la denominada desviación de poder y en la que el acto administrativo sólo está fundado en la voluntad de un funcionario.
Estamos frente a otra lamentable y preocupante muestra de un ejercicio de flagrante y descarado abuso de poder en el que se pretende, en definitiva, restringir arbitrariamente la libertad de prensa, controlar la información, amordazar las opiniones contrarias a las del gobierno nacional y desfigurar la realidad, acomodándola al deseo de circunstanciales gobernantes que, con llamativa perversidad, no reparan en límite alguno en su afán de intentar perpetuarse en el poder.
El atropello a Papel Prensa es sólo parte del nefasto plan de imponer el pensamiento único, castigando y condicionando a los medios periodísticos que se resistan a las pretensiones del oficialismo.
Fuente Diario La Nación