A treinta años del asesinato del célebre religioso salvadoreño, el crimen no se esclareció, pero la pista más firme apunta a un represor del Batallón 601 llamado o apodado Emilio Antonio Mendoza. Pero nunca fue investigada por la Justicia.
Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.

Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.

El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.

Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.

No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.

Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.

En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.

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Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.

Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.

Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.

El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.

Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.

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Al principio, la investigación judicial fue una farsa. Tres días después de asumir el caso el juez salió ileso de un atentado, lo balearon en la puerta de su casa. Desde entonces no demostró ningún interés por acercarse a la verdad. Tardó nueve días en mandar peritos a la escena del crimen, cuando ya no quedaban evidencias ni testigos. Nunca encontró nada.

La causa se reabrió en 1986 con otro juez durante el gobierno del demócrata cristiano Napoleón Duarte. Fue gracias a un hecho, digamos, fortuito. Tres meses después del asesinato, el ejército salvadoreño había allanado una finca donde el entonces mayor Roberto D’Aubisson conspiraba con un grupo de civiles y militares para derrocar a la junta militar que entonces gobernaba. D’Aubisson era el jefe de los escuadrones de la muerte y más tarde sería fundador del partido de ultra derecha Arena, que gobernó el país durante buena parte de los últimos treinta años.

Entre los presentes estaba también el capitán de la fuerza aérea Alvaro Saravia. Los conspiradores fueron liberados poco tiempo después, pero en el allanamiento, los militares secuestraron y presentaron a la Justicia varios documentos, entre ellos la agenda de Saravia. En esa agenda figuraban registros de compras de armamentos y entre ellos las de dos rifles calibre 22 compatibles con los fragmentos de proyectil encontrados en el cuerpo de Romero.

También figuraban los datos del chofer personal de Saravia, Antonio Garay, un miembro de la Guardia Nacional. Garay declaró que estuvo presente cuando D’Aubisson ordenó la muerte de Romero y le encargó a Saravia que contrate a un francotirador delante de varios testigos que consintieron la decisión, a quienes Garay también nombró. Dijo que él condujo al francotirador hasta la escena del crimen, que su pasajero era “un hombre barbudo y bien parecido” a quien no conocía, que estacionó su auto frente a la capilla y que vio cómo el pasajero salía del auto y apoyaba la mira de un rifle sobre la rueda trasera. Dijo que después escuchó un disparo y que el barbudo se subió otra vez al auto y que él lo llevó a un lugar seguro. Se cansaron de mostrarle fotos de barbudos bien parecidos, pero Garay no pudo identificar a su pasajero.

El juez incorporó el expediente del allanamiento a la causa del asesinato de Romero y en base a los datos de la agenda y el testimonio de Garay imputó a D’Aubisson como autor intelectual y a Saravia como autor operativo. Pero no acusó a nadie por la autoría material.

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D’Aubisson nunca fue procesado porque tenía fueros de diputado y murió de cáncer antes de que pudieran quitárselos. Saravia se había mudado a Modesto, California, donde contrató un abogado caro para pelear la extradición. En 1987 la Corte Suprema salvadoreña le dio la razón a Saravia y retiró el pedido de captura cursado a las autoridades estadounidenses. Según el Center for Justice and Accountability (CJA), una ONG estadounidense que sigue el caso desde hace varios años con el apoyo de la archidiócesis de San Salvador, el presidente de la Corte que retiró el pedido de extradición había sido el abogado de D’Aubisson durante el primer juicio. El caso Romero fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 y semanas después Saravia fue incluido en una ley de amnistía aprobaba por el Congreso salvadoreño.

Saravia vivió tranquilo por un tiempo. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir la investigación y resarcir a los deudos del arzobispo por la responsabilidad que le cupo al Estado salvadoreño en el asesinato. El gobierno tardó tres años en contestar y cuando lo hizo dijo que no reabriría el caso porque los responsables estaban cubiertos por la ley de amnistía.

En noviembre del 2004 una corte civil de California citó a Saravia a declarar sobre el asesinato en una causa abierta por el CJA en nombre de los familiares de Romero. El capitán nunca se presentó y la corte lo condenó en ausencia a pagar diez millones de dólares.

Desde entonces Saravia se encuentra prófugo pero da la impresión que la Justicia estadounidense no lo busca demasiado. En una entrevista con el Miami Herald desde la clandestinidad en el 2006, Saravia se negó a hablar del caso, salvo para decir que él no había sido el francotirador. Ofreció negociar su testimonio con las autoridades de su país y amenazó: “Si yo hablo, El Salvador tiembla”. No dejó más precisiones.

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“D’Aubisson era el principal nexo entre la dictadura salvadoreña y los represores argentinos”, dice al teléfono desde Maine el politólogo de Colby College, Ariel Armony, autor de Argentina, Estados Unidos y Cruzada Anticomunista en América Central 1977-1984 (UNQ, 1999), el libro de referencia sobre el tema.

“Los salvadoreños admiraban a los argentinos. No necesitaban que les enseñen a ser violentos, porque su historia está plagada de violencia. Lo que aprendían era cómo usar esa violencia de manera más efectiva. En Guatemala tiraban campesinos al mar desde aviones y helicópteros, algo nunca visto hasta la llegada de los argentinos.”

El propio D’Aubisson reconoció haber sido instruido por militares argentinos en El Salvador en una entrevista de 1983 con Laurie Becklund del Los Angeles Times: “Ellos (los argentinos) estuvieron acá un corto tiempo pero ese tiempo fue muy útil. Transmitieron sus experiencias e informaron a nuestra gente para sugerirles que actúen de esta forma o de esta otra forma usando este sistema, cómo conseguir información y cómo analizarla”.

Según el testimonio secreto del represor Leandro “Lenny” Sánchez Riesse, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, a partir de 1979 desembarcó en Centroamérica un “Grupo de Tareas Exterior (GTE)” del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército, al mando del coronel José Osvaldo “Balita” Riviero. Armony obtuvo una transcripción de ese testimonio a través de la ley de información pública. Otras investigaciones académicas y periodísticas aportaron más nombres y más pruebas de la presencia de represores argentinos en la región.

“Cuando ocurrió el asesinato de Romero el GTE se encontraba en su apogeo, ya que recién meses después, en 1981, en las últimas semanas del gobierno de James Carter, el gobierno estadounidense aprobó la primera operación encubierta de la CIA contra los sandinistas. Hasta entonces el trabajo sucio lo hacían los argentinos”, dice Armony.

Los cables desclasificados en 1993 indican que para la CIA los militares argentinos eran útiles, pero también difíciles de manejar. “Están dispuestos a todo. Sólo hace falta que les digamos lo que tienen que hacer”, dice uno. “En un buen día son parcos y malhumorados, en un mal día actúan por cuenta propia en contra de la política de nuestro gobierno”, dice otro.

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El año pasado la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales en El Salvador. En el discurso del día del triunfo, el flamante presidente Mauricio Funes proclamó que seguiría el ideario de monseñor Romero. En el día de la asunción, horas antes de la ceremonia, Funes visitó la tumba del arzobispo en la catedral de San Salvador. La semana pasada repitió la visita con Lula.

Por eso, cuentan en El Salvador, el aniversario treinta de la muerte de Romero será como ningún otro, con importantes actos y ceremonias oficiales. Dicen que un gigantesco mural del arzobispo está siendo pintado en la entrada del aeropuerto internacional para recibir con su imagen a los visitantes que llegan al país.

En noviembre del año pasado la embajadora ante la OEA del gobierno de Funes anunció la reapertura de la causa por el asesinato de Romero en respuesta al pedido de la CIDH de 1986.

Mientras tanto, en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no ha recibido aún pedido alguno de información sobre el supuesto asesino Emilio Antonio Mendoza, dijo la directora de la secretaría, Ileana Arduino. La funcionaria aclaró que sí ha recibido otros pedidos de otros gobiernos sobre otros represores.

El tal Mendoza no figura con ese nombre en los archivos de la Conadep, ni en los del CELS, ni en los del Cemida, constató el periodista salvadoreño Valencia en el 2006. Este cronista pudo comprobar que tampoco hay datos sobre “Mendoza” en las distintas dependencias del gobierno que se ocupan del tema, ni en los listados de personal civil de Inteligencia del Batallón 601, recientemente desclasificados por decreto del gobierno de Cristina Kirchner, ni en la base de datos que publicó la revista Veintitrés con el personal que actuó en el 601 durante la dictadura. Allí figura un José Emilio Mendoza con categoría de “dactilógrafo”, pero este diario pudo averiguar que durante la dictadura estuvo destinado en Formosa.

No es fácil investigar la actividad de espías en el exterior en ningún país. El decreto firmado por Cristina Kirchner excluye actividades en el extranjero y la guerra de las Malvinas. Además, la colaboración desde Centroamérica ha sido exigua o nula. “Nosotros le escribimos muchas veces al gobierno sandinista preguntando por la actuación de militares argentinos en la época de la dictadura pero los nicaragüenses nunca nos dieron información y a veces ni siquiera nos contestaron”, precisa una fuente del gobierno.

Este mes se cumplen treinta años del asesinato de monseñor Romero, icono universal de la defensa de los derechos , y su asesino anda suelto. En este momento podría estar tomando una piña colada en Miami. O comiendo una pupusa de chicharrón en San Salvador. O, por qué no, caminando tranquilo por las callecitas de Buenos Aires.
Fuente Página 12

En el discurso con el que inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que había derogado el decreto de necesidad y urgencia 2010 con el que había ordenado la creación del polémico Fondo del Bicentenario. Ese decreto fue congelado por la Justicia y era resistido por la oposición que se aprestaba a rechazarlo en el Parlamento, Por eso, el anuncio fue celebrado inicialmente como “un triunfo” de la resistencia legislativa.

Pero Cristina también anunció que ya había firmado otros dos decretos. Uno de ellos, “simple”, para el pago a organismos multilaterales de crédito y sustentado en el DNU de 2005 luego ratificado como ley que permitió el uso de reservas para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El otro, un nuevo DNU (de Necesidad y Urgencia), para cancelar vencimientos con tenedores particulares de deuda argentina. Entre los dos, suman exactamente los 6.569 millones de dólares previstos en el Fondo del Bicentenario.

Al derogar el DNU del Fondo del Bicentenario, se cayeron automáticamente las medidas cautelares que había dictado la Justicia. Y el nuevo DNU señala en su texto explícitamente que es “operativo” desde el mismo momento de su dictado (es decir, que no necesita antes ser publicado en el Boletín Oficial), con lo que se le dio tiempo al directorio del Banco Central para que se reuniera antes de que la oposición presentara algún nuevo amparo e incluso antes de que se enterara de la jugada.

Después del festejo inicial, la oposición salió a advertir sobre la maniobra kirchnerista. Pero, frente a periodistas de Clarín, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dio muestras de confianza: “La discusión es abstracta porque los fondos ya están siendo transferidos”. De hecho, mientras Cristina estaba hablando en el Congreso, el directorio del Central aprobaba la operación.

De inmediato, el Central abrió dos cuentas a favor del Tesoro a las que giró los más de 6.500 millones de dólares. En una, destinada a los pagos al BID y el Banco Mundial, despositó US$ 2.187 millones; a la otra, para pagarle a los tenedores particulares de títulos públicos, transfirió los 4.382 millones de dólares (casi 300 más que los que anunció Cristina en el Congreso) del nuevo DNU.

Con la maniobra de derogar un decreto y reemplazarlo por otros, el Gobierno buscó poner fin al brete en el que se había metido en diciembre cuando anunció la creación del Fondo del Bicentenario por un DNU, una crisis que dejó en el camino a Martín Redrado como presidente del Central (hoy reemplazado por Mercedes Marcó del Pont) y le costó al Ejecutivo una serie de reveses judiciales. Y, sobre todo, logró hacer efectiva una decisión que mantenía trabada la Justicia sin tener que recurrir a un Congreso que acaba de iniciar un período en el que la relación de fuerzas le es adversa.

“Estamos ante una catástrofe de tal magnitud impensable, que requerirá un gigantesco esfuerzo” de todos los chilenos dijo la presidenta en rueda de prensa tras una reunión de más de seis horas con sus ministros y los generales de las Fuerzas Armadas y policía. “Hacemos un llamado a todas las autoridades, tanto civiles como militares y privados, para ponerse a disposición en la colaboración de la multiplicidad de tareas que se vienen por delante”, añadió.

El Gobierno chileno declaró el Estado Nacional de Catástrofe para las regiones de Maule y Bío Bío. En esas zonas se desplegará al Ejército y otras fuerzas. Además se ordenó la entrega gratuita de alimentos en la zona devastada el sábado por un sismo de 8,8 grados. El anuncio llegó poco después de que cientos de personas saquearan supermercados en las zonas devastadas por el sismo.

“Vamos a garantizar la entrega gratuita de todos los productos de primera necesidad” en las zonas afectadas, dijo la mandataria al mostrar su preocupación por la situación de saqueos, que se han presentado en la ciudad de Concepción, 500 km al sur de Santiago, epicentro del terremoto. Bachelet también señaló que en dos regiones del sur -Bio Bío y Maule- se declaró el “estado de excepción de catástrofe” por 30 días con lo cual se busca “garantizar el orden público y acelerar la entrega de ayuda”. Para ello se desplaza a la zona un contingente policial, aunque sin citar el número de efectivos.

Los jefes militares Guillermo Marín y Bosco Pesce quedaron a cargo de Bío Bío y Maule, respectivamente, y deberán coordinarse con las autoridades civiles para dar solución a lo que la mandataria denominó una “emergencia sin parangón”.

Bachelet añadió que uno de los principales problemas es de energía por lo que se pidió a las empresas distribuidoras que hagan los máximos esfuerzos para reponer el suministro, principalmente en hospitales y albergues. Asimismo frente a la falta de conectividad, por la caída de puentes, grietas profundas en las carreteras, se recurrirá a puentes mecanos.

Luego de agradecer la solidaridad internacional, Bachelet dijo que pedirán la ayuda de rescatistas para encontrar a las personas desaparecidas, como también expertos en daño estructural. Finalmente, anunció que citó al equipo del presidente electo, Sebastián Piñera -que debe asumir el 11 de marzo- para coordinar todas las labores.
Mundo

Los galenos, que habían sido detenidos por la muerte de un hombre que padecía peritonitis y al que no operaron por estar en huelga en Santiago del Estero, están libres nuevamente. El juez Darío Alarcón les otorgó la excarcelación bajo fianza personal de 5 mil pesos.

Los médicos Carlos Oliva Morales y Pascual Lludgar, quienes se desempeñan en áreas clínicas y quirúrgicas de un hospital público de Santiago del Estero, habían sido arrestados el martes por no querer haber atendido a un paciente que finalmente falleció, a causa de una peritonitis. Los profesionales adujeron que estaban en huelga y por eso no atendieron a la persona.

El paciente, Sergio Chaparro, era afiliado al gremio de la Sanidad, ATSA, el principal sindicato de la salud que no participa en forma activa de las medidas de fuerza en Santiago del Estero.

La familia dijo que murió por negligencia de los médicos, e imploró “justicia” a la vez que condenó las huelgas que llevan adelante desde hace cinco meses los autoconvocados de la salud como el principal motivo de la muerte del hombre, dado que los reiterados paros impidieron su atención médica.

Oscar Juárez, el abogado de la víctima, habló en Radio 10 y contó que el chico entró al hospital “por una dolencia” y lo dejaron internado. “Durante su internación se dieron una serie de cuestiones que la familia no puede comprender, dado que durante el tiempo que estuvo no se han tomado los recaudos necesarios para que fuera atendido como era debido”, detalló.

El abogado detalló que “la falta de atención fue por la medida de fuerza” y que la detención de los médicos se basó en dos elementos: “Uno es la historia clínica que está secuestrada y otro el dicta de la autopsia”.

Juárez también resaltó que el chico tenía peritonitis y “hay un proceso infeccioso que no se operó a tiempo”.

La autopsia reveló que Chaparro murió por esa dolencia, derivada de una perforación del intestino que al parecer sufrió mientras esperaba ser operado.

Con esa actitud, el ex presidente y senador Carlos Menem se convirtió en la figura clave del día. Kirchneristas y antikirchneristas convirtieron la sesión por el reparto de las comisiones y autoridades en una disputa por la sociedad con el riojano.

Según pudo reconstruir Crítica de la Argentina, el senador rechazó viajar y, alrededor de las 13.30, almorzó con su secretario privado, Ramón Hernández. También decidió apagar su teléfono, por lo que los mensajes desesperados desde Buenos Aires se los transmitían allegados.

Uno de ellos, un abogado catamarqueño amigo de Luis Barrionuevo, le trasmitió, por ejemplo, que un avión particular había sido puesto a su disposición por el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero. Pero el taxi aéreo no fue aceptado por el ex presidente, quien, aparentemente, mandó decir que no era tan importante la reunión y que prefería quedarse en su casa, entre otros motivos “porque aquí está lloviendo”.

La explicación que circulaba en el entorno más directo de Menem es que, con el faltazo, pretendía enviar un mensaje al Peronismo Federal, que tiene con él una “actitud vergonzante”.

“La semana pasada se anunció la mesa del espacio, con diputados y senadores antikirchneristas. A Carlos, que fue dos veces Presidente de la Nación, no lo dejaron sentarse en la mesa principal. Tuvo que pelear por una silla con tipos que no manejaron ni una sociedad de fomento. Si a ellos no les importa Carlos, ¿por qué a Carlos le tiene que importar ellos?”, dijo uno de sus hombres.

VOTO NO POSITIVO. A pesar de las explicaciones, las suspicacias estuvieron a la orden del día. Una versión que repitieron algunos medios sostenía que, en una gestión reservada, un hombre conocido del matrimonio Kirchner tanteó a Menem con dos propósitos: arrancar su apoyo –o, al menos, su ausencia en el recinto– para intentar neutralizar la ofensiva de la oposición en el control del Senado y luego que respalde el DNU que le posibilitaría al Gobierno utilizar 5,6 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central.

El encargado de responder fue el ex diputado nacional Adrián Menem, sobrino y colaborador del ex presidente, dijo que el senador riojano estará presente en la próxima sesión y votará con la oposición.

“Carlos Menem está en las antípodas del kirchnerismo y bajo ningún punto de vista se puede hablar de un acuerdo, es absurdo”, dijo el otrora diputado nacional.

Consultado sobre los motivos que dejaron la banca de Menem vacía, señaló: “Debe haber surgido algo que le impidió venir, pero en la próxima sesión va a estar y va a votar con el peronismo disidente… No hay que hacer especulaciones”.

Adrián Menem recordó que en la noche del voto “no positivo” también se especuló con la posibilidad de que su tío realizara algún tipo de acuerdo con el oficialismo para no acudir a la sesión. Algo que finalmente no sucedió.

erna peronista.