De esa manera, De Vido confirmó la información que ayer había publicado en exclusiva Clarín , si bien lo hizo a su manera: a través de un comunicado difundida por Télam, con el título “ Clarínhubiera preferido que Repsol siga controlando YPF” y culpando de la totalidad de la situación a Repsol . En el comunicado no hay una sola línea de autocrítica por la falta de previsión de una situación que significó para el país un sobrecosto de 80 millones de dólares.

El viernes, la empresa estatal Enarsa cerró de apuro la compra de un cargamento de seis buques de gas licuado que deberían haber sido provistos por Repsol y que la petrolera española, de manera unilateral, decidió no enviar como una represalia -no admitida oficialmente por la empresa- por la estatización de sus acciones en YPF. Esos seis buques, que en diciembre habían sido pactados a un precio de 13,50 dólares por millón de BTU con Repsol, se pagarán ahora a un promedio de 17 dólares por millón de BTU a las compañías ENI de Italia (tres barcos con destino Bahía Blanca), la inglesa British Petroleum (otros dos buques con destino al puerto bahiense) y la brasileña Petrobrás (un buque con destino hacia el puerto de Escobar). En total, por esos seis buques se pagarán 306 millones de dólares, que representan US$ 80 millones más que el contrato original.

La maniobra vuelve a poner en evidencia cierto grado de improvisación por parte del Gobierno durante la intervención de YPF. Cuando fue enviado el proyecto de expropiación de las acciones de Repsol en YPF, redactado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, hubo que incluir a último momento (con el proyecto ya ingresado en la Mesa de Entradas del Senado) la expropiación adicional de las acciones de YPF Gas que estaban en poder de Repsol.

La compra de apuro de gas licuado un 26% más caro puso en evidencia a la otra pata de la intervenciónn de YPF: a pesar de que la contratación de gas licuado se hace desde Planificación, nadie previó que Repsol era, además de controlante de YPF, uno de los abastecedores de la importación del gas por cuyo déficit hoy el Gobierno culpa en su totalidad a la petrolera española.

De Vido optó por tirar la pelota afuera. “En lugar de de decir con todas las letras que Repsol incumplió con la provisión de los buques acordados para perjudicar a la Argentina, haciendo que deba pagar más de lo previsto , Clarín justifica esa actitud deliberada, atribuyéndola a la expropiación, por lo que puede concluirse que hubieran preferido que YPF siguiera en manos de Repsol”, concluyó.

Mientras, el flamante titular de YPF, Miguel Galuccio, está intentando armar su equipo de trabajo con otros profesionales repatriados -como él mismo- desde el exterior. “Está trabajando intensamente para repatriar a los ingenieros petroleros dispersos por el mundo y potenciar toda la capacidad interna de la compañía, que es mucha. Introducirá una nueva modalidad, formando equipos interdisciplinarios”, deslizaron sus allegados.

Ese jueves en Caracas, en el Palacio Presidencial de Miraflores, Chávez le obsequió a Cristina un cuadro de su autoría que lo muestra abrazado a Néstor Kirchner. Brotaron de la presidenta lágrimas de emoción y palabras de agradecimiento: era el símbolo perfecto del intenso vínculo existente desde 2004 entre Venezuela y la Argentina, un proceso que tuvo a De Vido como gran ejecutor . Luego, para dar carnadura a una integración que ya levantó sospechas de favoritismos y corrupción (incluso denunciadas por el ex embajador argentino Eduardo Sadous), se anunciaron 35 acuerdos por US$ 1.600 millones. Y la realidad volvió a surgir tras las capas de pintura.

Ante la atenta mirada de Chávez y Cristina, la locutora leyó el punto 6 de la minuta binacional, que contenía un “acuerdo marco de cooperación en materia de vivienda y hábitat” , el primer de su tipo entre ambos países. Lo firmaron el canciller Héctor Timerman y el ministro de Vivienda venezolano Ricardo Molina, y en los hechos significó la llave de ingreso de las empresas argentinas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, un mega programa de obra pública contra el elevado déficit habitacional en el país caribeño. La locutora anunció, como acuerdo complementario, “la construcción de 10.000 viviendas en el estado Carabobo con la empresa CONLAT”.

Hasta ese día CONLAT no existía. O mejor dicho, solo existía en la mente de unas pocas personas. Luego de aquella mención bautismal delante de los dos presidentes, CONLAT fue formalmente creada. Su nombre apareció documentada por primera vez en un acta societaria publicada en el Boletín Oficial del 26 de diciembre . “Bajo la denominación CONLAT Construcciones Latinoamericanas SA seguirá funcionando la sociedad anónima que fuera inscripta el 18 de abril de 2007, como Consular Latinoconsult SA”, se informa allí.

La insólita situación parece tener una sola explicación: que ese millonario proyecto haya sido concebido para favorecer a empresarios amigos del poder y que el premeditado cambio de nombres intente disimular esa irregularidad . En rigor, quienes trabajan en la Gran Misión Vivienda en Caracas todavía no tienen noticias ni de CONLAT ni de la obra prevista para Carabobo. Y mucho menos de una licitación para asignar los trabajos. No hubo respuesta a las consultas periodísticas ni de la embajada argentina en Caracas ni de las empresas involucradas.

La sospecha sobre un negocio digitado cobra cuerpo cuando se sabe quiénes integran la firma beneficiada. Tres de sus socios provienen de Consular (Consultores Argentinos Asociados SA), una firma creada en 1972 pero que registró un impresionante crecimiento desde que en 2005 fue vendida por sus creadores, un grupo de viejos arquitectos porteños, a tres profesionales recién llegados de Santa Cruz, pago chico de los Kirchner. Esa venta sucedió luego del arribo de De Vido a Planificación. Consular tiene oficinas cerca del organismo, en Julio A. Roca al 600.

El agrimensor Jorge Luis Pinto aparece como titular tanto de la flamante CONLAT como de Consular. Y según varios testimonios, suele acompañar al ministro en sus viajes a Venezuela. Lo secunda su socio de Río Gallegos (compartieron un estudio de agrimensura y hasta un catering) Jorge Osvaldo Donnini. Y completa el trío Guido José Ambrosi, viejo compañero de colegio del gobernador Daniel Peralta y ex empleado de constructoras santacruceñas. Los tresfiguran como aportantes a la primera campaña de Cristina . Pinto y Donnini pusieron 26.666 pesos cada uno. Ambrosi fue un poquito más generoso: aportó 26.902,50 pesos. Juan Franco Donnini, hijo de uno de ellos y asesor del gobierno y el Congreso en temas energéticos, figura como director suplente.

Para entrar en el negocio de la construcción en Venezuela, los santacruceños reflotaron una alianza con Latinoconsult SA. En noviembre de 2011 (días antes del anuncio) rehabilitaron una vieja sociedad de 2007. Latinoconsult es una tradicional empresa de ingeniería y acumula una rica experiencia desde 1958. Pero en Venezuela no tenía antecedentes, más que una asesoría en ganadería.

Fuente: Clarín digital

El fin último de la obra es “dar a conocer documentación para que se sepacómo ha sido realmente la política indígena en los últimos 150 años”,indicó la antropóloga Diana Lenton frente a la sala José Villafañe, que hizo todo el espacio que pudo a los 150 asistentes. Osvaldo Bayer y algunos integrantes de CTERA (Confederación de trabajadores de la educación de la República Argentina) se acomodaron al frente para hablar de Historia de la crueldad argentina.

“¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Porqué tenemos esta historia?”, se preguntó un Bayer que eligió hitos del siglo XIX para estructurar la primera parte de su relato. Así, pasó por la Asamblea del año 1813 para converger en Bernardino Rivadavia y la contratación del Coronel Rauch “para exterminar a los indios ranqueles”. Para darle peso y dimensión al asunto, Bayer citó algunos de sus comunicados: “Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles”.

“¿Dónde está la civilización europea?”, mordió otra pregunta retórica. “Los ranqueles son anarquistas”, citó otro mensaje de Rauch y parodió el adelanto del coronel en una época en la que no habían llegado aún los grandes pensadores del socialismo.

El autor de La Patagonia Rebelde también mencionó la Influencia de la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866 por el bisabuelo del exministro y procesado Martínez de Hoz, en la eliminación de los pueblos originarios: “Lo que nunca se nos dijo es que la Sociedad Rural ayudó financieramente a la campaña del desierto. Terminada la conquista se entregaron 40 millones de hectáreas a 1837 estancieros socios en un gran negociado”.

Bayer siguió con la mención de una descendencia que calificó “fiel a su destino”: “El primer Martínez de Hoz que llegó a la Argentina fue traficante de esclavos. El segundo Martínez de Hoz votó a favor de España en las actas del 22 de Mayo de 1810 y en contra del proyecto de libertad”.

Julio Argentino Roca fue otro personaje sobre el que recaló el autor. A través de su figura desanduvo la conquista del desierto de 1879; recorrió la historia de una forma reveladora. Marcó a Roca como el restablecedor de la esclavitud; recordó que se dirigía a los pueblos originarios como “salvajes y bárbaros”. También recuperó la causa que promueve hace tiempo: el retiro del monumento a Roca, ubicado a 90 metros del Cabildo sobre la llamada Diagonal Sur, para emplazar un monumento a la “mujer de los pueblos originarios”.

El historiador propuso, en cambio, trasladar la estatua a la estancia de los bisnietos de Roca, para que “cuando ellos abren la ventana al levantarse el domingo vean a su benefactor”.

(*) Especial para Perfil.com

Esto significa que la petrolera no podrá ser auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN), el único órgano de control que preside un dirigente de la oposición, el radical Leandro Despouy. El artículo 15 del proyecto trata sobre la “continuidad jurídica y la gestión de YPF S.A”. Allí se explica que la empresa “continuará operando como una sociedad anónima abierta”.Al mismo tiempo se detalla que no será “aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación ”.

La AGN es un viejo conocido del gobierno. Realizó informes muy críticos sobre la gestión gubernamental en áreas claves como el transporte,y en particular sobre otra empresa nacionalizada durante la gestión K, Aerolíneas Argentinas.

En 2007 y 2010 publicó dos informes sobre el desempeño de la Secretaría de Energía, al mando de Daniel Cameron, quien ahora también deberá regular el accionar de YPF. Allí, determinó que Cameron falló en cuestiones como la liquidación y el pago de regalías petroleras, y que también evitó dar información, entre otras cosas, sobre el creciente agotamiento de recursos hidrocarburíferos.

Cambios. Si bien casi todo el arco político, salvo el PRO, estuvo de acuerdo en reglas generales sobre la estatización, algunos plantearon disidencias, sobre todo en el aspecto de la auditoría. Es el caso del FAP, que lidera Hermes Binner.

El exgobernador dijo que el requerimiento de su espacio será el de manifestar la necesidad de ”incorporar a la Auditoría General de la Nación (AGN), a la Sigen y al propio Parlamento como organismos de control de la estatización”.

Fuente: Perfil.com

El cruce se produjo mientras el funcionario y flamante interventor de YPF junto con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, realizaba su exposición sobre la expropiación ante tres comisiones del Senado, cuando el senador quiso intervenir pero De Vido le discutió casi al unísono, en un cruce que por el intercambio de voces superpuestas casi no se comprendió.

Sí se llegó a escuchar del ministro un “sos un caradura y provocador vos”, hasta que se calmó la tensión. Entonces, y antes que el senador comenzara con su alocución, el funcionario señaló: “De esta historia nos tenemos que hacer cargo todos”.

Por su parte, Morales, acusó al gobierno de tener también responsabilidad en “el vacimiento de YPF”, y se preguntó: “¿Por qué ustedes en su alocución no mencionaron para nada al grupo Eskenazi? ¿Por qué solamente se expropia el 51% de ese paquete accionario (por el español) y no se hace la expropiación del grupo Eskenaki?”.

Morales, además, hizo referencia a parte del discurso de viceminitros de Economía y ahora subinterventor de YPF, Kicillof. “El dice que hasta acá se le tuvo paciencia a la empresa, pero acá no se ha tenido paciencia, se ha tenido connivencia en el no cumplimiento de las leyes que están demasiado claritas”.

Luego, denunció: “El endeudendamiento se da desde 2008, desde que está el grupo Eskenazi”. Y dijo no estar de acuerdo con que De Vido haya sido designado interventor de YPF por considerarlo “el responsable de de la crisis de política energética” en el país.

No es la primera vez que De Vido y Morales se cruzan fuertemente en un debate caliente. Ya había sucedido en el Senado durante la discusión del traspaso del subte a la Ciudad, cuando Morales acusó al funcionario de ser “el responable” de la tragedia de Once, donde fallecieron 51 personas.

En medio de un escándalo y gritos de por medio, Morales le reclamó a De Vido que “dé la cara”, que “devuelva la plata a la gente” de los subsidios otorgados a la empresa TBA.

Otro cruce. Sobre el final de la exposición, la senadora Laura Montero, del Frente Cívico, expresó que estaba “harta y cansada” de pedir informes al gobierno sobre la realidad de las empresas encargadas de producir y distribuir energía, sin haber conseguido una respuesta ni la asistencia de los funcionarios a las convocatorias.

“Si estás harta y cansada es tu problema, querida. Ustedes sacaron el 8%“, exclamó levantando igual número de dedos el ministro de Planificación en referencia a la cosecha opositora en los comicios de 2011.

Opinó que muchas medidas se tomaron “porque sí”. También fueron desplazados el juez y el fiscal que debían establecer quién secuestró y asesinó a la nena de 11 años. Los imputados quedarán libres. La Cámara consideró “arbitraria” la investigación.

Luego de seis meses de analizar las más de 10.000 páginas de la causa abierta por el crimen de Candela Sol Rodríguez (11), los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón dijeron finalmente ayer lo que opinaban sobre lo actuado por el juez Alfredo Meade y el fiscal Marcelo Tavolaro. Yfueron impiadosos : por unanimidad, consideraron que ambos habían sido parciales, que evaluaron mucha de la prueba de una manera arbitraria y hasta inentendible; luego, por mayoría (dos contra uno), anularon gran parte del expediente, dejando a los ocho imputados del caso libres de toda acusación .

De esta manera, la investigación por el caso Candela –secuestrada el 22 de agosto en Hurlingham y asesinada el 31 de ese mes–quedó prácticamente en cero .

En su fallo –al que tuvo acceso Clarín – los camaristas Adolfo Naldini, Sandra Míngolo y Elisabet Fernández estuvieron de acuerdo en ordenar el apartamiento del caso del juez Meade, que ayer mismo fue reemplazado por su colega del juzgado de Garantías N° 3, Gustavo Gabriel Robles. En cuanto al fiscal Tavolaro, le pidieron a su jefe que evaluara si podía seguir al frente de la investigación. Lo hicieron tras una argumentación tan dura sobre su desempeño que, a las pocas horas, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate,lo reemplazó por su colega Alberto Ferrario.

La cosa no terminó allí, porque la Cámara también ordenó que se sacaran copias de las resoluciones anuladas y que éstas fueran enviadas a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración provincial. La idea es que investiguen al juez y al fiscal removidos.

“El fiscal ha forzado la interpretación de la prueba, buscando que ella se adecúe a su hipótesis fáctica, cuando en realidad el método que debe seguirse es inverso”, dijo el juez Naldini; “Vale decir que los casos fueron como el fiscal los dijo porque sí y además porque los volvió a repetir el Sr. juez”, apuntó la jueza Fernández sobre la falta de argumentos de los instructores.

La jueza Míngolo no se quedó atrás al cuestionar lo que consideró una falta de “objetividad e imparcialidad” de juez y fiscal: “O bien se truncaron injustificada y llamativamente líneas de investigación o bien directamente se soslayaron y ni siquiera se siguieron (…) cuestión inexplicable y vaya a saber uno por qué ”.

Los camaristas no fueron unánimes a la hora de hablar sobre las nulidades de las prisiones preventivas, hecho por el que llegó la causa apelada a Cámara a través de los abogados defensores. Míngolo y Fernández –con la disidencia de Naldini– consideraron que la acusación formal que se les hizo a los imputados fue tan vaga y poco específicaque vulneró su derecho a la defensa. En otras palabras, que ninguno de los ocho procesados –Gladys Cabrera, Néstor Altamirano, Fabián Espíndola, Guillermo López, Gabriel Gómez, Leonardo Jara, Héctor “El Topo” Moreyra y Hugo Bermúdez– pudo defenderse correctamente porque nunca estuvo claro de qué se los acusaba . Por eso, los acusados que seguían presos –cuatro– quedarán libres .

“Me vuelvo a interrogar: ¿Qué es concretamente un ‘ajuste de cuentas no tradicional’? ¿una venganza? ¿contra quién o quiénes? y ¿por qué? Todo ello que me pregunto fue lo no dicho a los encausados en su acto de imputación”, graficó la jueza Míngolo, en referencia a la forma en que el fiscal Tavolaro había descripto el móvil del crimen de Candela: una “venganza no tradicional” contra su padre.

En consecuencia, por mayoría, quedaron anuladas sus indagatorias y, así también, sus autos de procesamiento y preventiva.

Los jueces fueron duros también al evaluar varias de las pruebas (sobre todo, el testimonio de algunos de los 7 testigos de identidad reservada) y de la valoración contradictoria que juez y fiscal hicieron de ellos. Sin embargo, no anularon ninguna prueba del expediente.

La situación actual de la causa no es fácil de explicar: “Si habláramos de un rompecabezas, lo que hizo la Cámara fue decir que la composición que se realizó con las piezas no es válida, pero sí lo son cada una de esas piezas, que ahora deben ser estudiadas por otras personas”, sintetizó a Clarín el fiscal general Federico Nieva Woodgate. Esto quiere decir, por ejemplo, que la pericia de voz que implica a Jara en una llamada extorsiva a la familia de Candela no se descarta pero la acusación contra él debe ser evaluada a fojas cero.

A ocho meses del crimen de Candela, con el fallo de 116 páginas de la Sala III, los cuestionamientos al juez Meade y al fiscal Tavolaro quedaron en evidencia. Sin embargo, aún queda por analizar el desempeño de la Bonaerense. Un tema espinoso no sólo por las irregularidades sino porque uno de los líderes de la investigación fue nada menos que Hugo Matzkin, actual jefe de la Policía .

Fuente: Clarín