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¡UIA!

admin — Wed, 08 Sep 2010 12:43:52 +0000

El presidente de la Union Industrial descalifico un proyecto de la CGT comparando al pais con la isla caribeña

Antes era Venezuela, ahora Argentina es Cuba

Héctor Méndez, titular de la UIA, se quejó del proyecto de ley que impulsa la CGT para que los asalariados participen de las ganancias empresarias. Argentina “se parece a Cuba”, afirmó, desatando una andanada de críticas sindicales. La iniciativa va al Congreso en una semana.

La relación entre el Gobierno y un sector del empresariado es cada vez más tensa. Los cruces entre directivos de la Unión Industrial Argentina y funcionarios del Ejecutivo se han vuelto una constante. En esa escalada, el presidente de la UIA, Héctor Méndez, llegó a decir que la Argentina “se parece a Cuba”. La comparación fue en alusión al proyecto de ley que impulsa la CGT para que los asalariados participen de las ganancias empresarias. Las declaraciones del industrial tuvieron una respuesta inmediata por parte de los líderes sindicales. Hugo Moyano lo trató de “desubicado”, mientras que el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, fue más allá: “Parece que hubiera tomado de más”, le dedicó. “De entrada hay un error conceptual: en Cuba no hay ganancias, por lo tanto no existe nada que se pueda participar”, refutó el diputado Héctor Recalde (FpV), autor del proyecto, quien también es representante legal de la CGT. El legislador estimó en diálogo con Página/12 que la iniciativa será girada al Congreso a mediados de la próxima semana.

Antes era Venezuela y ahora es Cuba. “El fondo de la cuestión es que no quiere distribuir”, consideró Recalde en referencia a los dichos de Méndez. El titular de la UIA había reclamado al Gobierno que “le ponga límites a la avanzada del apriete”. “Ya me he peleado por este tema. Creo que las cosas se deben consensuar, porque en algún momento se va a acabar la fiesta. Si hay uno solo que paga, se acaba la fiesta”, advirtió Méndez en declaraciones que publicó ayer el diario El Cronista Comercial y que amplió en una entrevista radial. La “avanzada” de la que habla el empresario plástico hace referencia a las últimas protestas gremiales, con bloqueos de plantas por parte del gremio de los camioneros, pero también al proyecto para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas.

Ayer Recalde almorzó con el titular de la CGT para terminar de darle forma a la propuesta que presentarán la semana próxima en la Cámara de Diputados. “Quedamos con Moyano en que el martes el Consejo Directivo de la CGT va a analizar la iniciativa por si algún compañero quiere acercar sugerencias y después irá directo al Congreso”, confirmó a este diario el asesor legal de la central sindical.

El proyecto contempla la creación de “un organismo tripartito, compuesto por los empleadores, la CGT y el Estado” para la implementación de la medida. También se conformará un fondo solidario para los trabajadores informales con una “alícuota que puede ser de un 20 por ciento de lo que se participe”, explicó Recalde. La iniciativa apunta a empresas con importantes márgenes de ganancia. “Esto no significa que sea sólo para grandes empresas, ya que puede haber pequeñas firmas muy tecnificadas que registren utilidades abultadas”, señaló. Para estimar ese margen se tomará lo que la empresa pague por el impuesto a las Ganancias. Las compañías no tributarán por la parte que distribuyan. “La idea es incentivar la reinversión de ganancias”, agregó el diputado. Quedarían exceptuadas las empresas sin fines de lucro y las cooperativas.

Respecto del proyecto de ley, Méndez hizo la comparación del país con Cuba y alertó sobre una supuesta “pérdida de competitividad” del sector empresario en el exterior. “Cuesta salir afuera”, insistió, a pesar de que el Ministerio de Industria difundió horas antes un informe en el que se destaca un nuevo record de exportaciones. El paralelismo con la situación cubana fue tomado entonces como “un disparate” por varios representantes del sector trabajador. “Le quiero decir a este señor que está absolutamente desubicado, porque no conoce las políticas internacionales, no conoce absolutamente nada”, protestó Moyano. “Si pedir la participación en las ganancias es cubanizarse, no entiende absolutamente nada”, agregó.

“Si dice que parece Cuba, yo diría que parece bebido, parece que hubiera bebido de más, porque demuestra una ignorancia que es preocupante en alguien que dirige la central empresarial”, aseguró Piumato. El secretario de Derechos Humanos de la CGT también apuntó: “Los empresarios quieren que en materia de ganancias seamos la Argentina, y en cuanto al derecho de los habitantes, Haití”.

En las últimas semanas, directivos de la UIA protagonizaron una serie de entredichos con el Gobierno. Primero fue la reunión con la cúpula de AEA, que tiene como uno de sus principales figuras al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, de donde surgió un comunicado que alertó sobre una supuesta falta de seguridad jurídica para la inversión privada. Días más tarde insistió con ese concepto el vice de la central fabril y presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi. Y ahora Méndez se quejó del “apriete” sindical.

Recalde consideró “inadmisible que los asalariados no participen de las ganancias”. “Se trata de un derecho que está contemplado en la Constitución, en el artículo 14 bis, desde la reforma de 1957”, aseguró. Méndez había dicho meses atrás: “Si quieren que los trabajadores participen de las ganancias, que también sean socios de las pérdidas”. Consultado al respecto, el abogado de la CGT afirmó que “si eso estuviese en una norma legal o constitucional, se haría”. “Sin embargo, existe lo que se denomina riesgo de empresa, el cual recae en la cabeza del empresario”, agregó. Piumato le recomendó además a Méndez leer la Constitución. “Sería un buen ejercicio, porque a lo mejor en su vida no tuvo tiempo, haciendo plata, para detenerse a leer algo que es lo que rige la vida de los argentinos”, replicó. El gremialista recordó que “hace 53 años que está ese derecho”. “Y creemos que es hora de aplicarlo, aunque algunos sectores empresarios sigan manejando la lógica de la dictadura”, añadió.

A pesar de estos argumentos, Méndez sostuvo: “No le veo viabilidad parlamentaria” al proyecto de ley.

Por Cristian Carrillo para Pagina/12

El juez tambien decidio que “no se vota”

admin — Tue, 31 Aug 2010 14:19:46 +0000

El magistrado Eduardo Malde dispuso que no se modifique la comision fiscalizadora de papel prensa

Acá no se vota.” El exabrupto del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pronunciado durante la última asamblea de Papel Prensa (con guantes de boxeo incluidos) terminó en decisión judicial. El magistrado comercial Eduardo Malde dispuso que no se trate en las próximas reuniones de accionistas de la papelera la modificación de la conformación de la Comisión Fiscalizadora, que actualmente está integrada por dos integrantes del Estado y uno en representación de los diarios Clarín y La Nación. Este es el único órgano de control donde el Estado tiene mayoría, situación que los diarios quisieron revertir durante la asamblea del pasado 12 de agosto, la cual tuvo que ser suspendida luego de que Moreno realizara su puesta en escena.

La Comisión Fiscalizadora es el instrumento que utilizó el Gobierno para investigar dentro de la compañía. Según la Ley de Sociedades Comerciales, este órgano puede iniciar investigaciones ante cualquier denuncia formulada por escrito por parte de los accionistas. Esto es lo que hizo el Estado a partir de los testimonios brindados por ex directivos de la compañía (José Pirillo, ex titular de La Razón, y Rafael Ianover, tenedor de las acciones de David Graiver) que denunciaron “la recolección de retornos por parte de los proveedores que luego eran entregados a los accionistas privados”.

Esta denuncia figura, incluso, en el informe elaborado por la Sigen que fue remitido a la Cámara de Diputados en un CD, junto a otra cantidad de documentación, incluido el proyecto de ley que pretende declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. Frente a este escenario, el juez Malde emitió una resolución a partir de la cual no se podrán hacer cambios en la Comisión de Fiscalización. Es decir, la Justicia comercial no avaló las modificaciones que querían implementar los accionistas de Clarín y La Nación, quienes tienen en conjunto el 71 por ciento de las acciones de Papel Prensa, frente al 27,46 por ciento en manos del Estado.

La decisión de este magistrado tuvo su primer capítulo en la larga asamblea del pasado 12 de agosto. El encuentro había comenzado cerca de las nueve de la mañana. Cuando promediaban las cuatro de la tarde, el Estado ya había perdido 15 votaciones, entre ellas la aprobación de una serie de balances trimestrales. Pero llegó el turno de votar, a pedido de los accionistas privados, el cambio en la Comisión Fiscalizadora, que desde el año ’73 está compuesta por dos integrantes del Ejecutivo y uno de las empresas privadas.

“Acá no se va a votar nada de lo que quieren los accionistas privados y nos bancamos lo que haya que bancarse”, irrumpió Moreno para intentar frenar esa votación. Para ese entonces, ya había distribuido entre sus colaboradores y los directivos de los diarios una serie de guantes de boxeo y unos cascos industriales. La escena de los guantes vino a cuento de otra reunión, realizada el pasado 14 de julio, en la cual ocurrió un fuerte cruce entre Moreno y el abogado Soaje Pinto, que representa al gerente de Finanzas de Papel Prensa (y al neonazi confeso Alejandro Biondini). Soaje Pinto denunció que en ese cruce hubo sillazos por parte del secretario de Comercio Interior, mientras que Moreno dejó trascender que el abogado intentó pegarle y se fracturó un dedo en la trifulca.

Producto de esta pelea, el juez Malde le solicitó a Moreno “comportarse civilizadamente”. De ahí los guantes de boxeo, ironía de por medio. Sin embargo, en la resolución de ayer, el juez comercial le dio la razón a Moreno, más allá de sus exabruptos. La Comisión Fiscalizadora es también el órgano que le permitió a la Sigen determinar que los accionistas privados estaban vendiendo el papel a sus empresas relacionadas por debajo del precio de producción.

Esta información, que está asentada en el informe de la sindicatura y en la investigación presentada la semana pasada bajo el título Papel Prensa: La Verdad, es la que motivó el envío del proyecto de ley para modificar el marco regulatorio en torno de la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. El principal objetivo del Gobierno es declarar esta actividad de “interés público”.

Por Sebastian Premisi para Pagina/12.